Un trabajo final de grado académico desarrollado en la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) por Alberto Rubén Martínez, bajo la tutoría del profesor Máximo Ibáñez, pone en el centro del debate un tema incómodo pero urgente: la relación entre la seguridad pública y los derechos laborales de los trabajadores policiales.
El estudio, enmarcado en el área de Seguridad Pública y Derechos Laborales, parte de una idea clave: la inseguridad no es un destino inevitable. “La inseguridad tiene solución si se respetan los derechos de los trabajadores policiales”, señala una de las hipótesis principales.
Derechos negados, seguridad comprometida
La investigación sostiene que al trabajador policial se le deben reconocer los mismos derechos que la comunidad exige que defienda. De lo contrario, se genera un círculo perverso: quienes están llamados a brindar seguridad viven bajo la inseguridad laboral, política y jurídica.
El estudio recurre a un enfoque social, jurídico y político para describir cómo la precarización policial impacta directamente en la seguridad ciudadana. En este sentido, incorpora la Constitución Nacional, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la jurisprudencia más relevante en la materia, subrayando la necesidad del derecho a la sindicalización.
Conclusión con proyección
La conclusión es contundente: la falta de derechos laborales en las fuerzas de seguridad no solo vulnera a sus integrantes, sino que también debilita la efectividad del sistema de seguridad pública.
Para Martínez, reconocer los derechos laborales de policías y penitenciarios no representa un riesgo para la institucionalidad, sino al contrario: es una condición necesaria para fortalecer el servicio policial y garantizar una sociedad más justa y segura.