El comisario Diego Álvarez, ex jefe de la comisaria. Cinco años en prisión preventiva y luego declarado inocente.
Cinco años de prisión preventiva injusta.
Ubicación temporal:
Provincia de Santa Fe 2014–2023
Un caso límite en la era de la sospecha
Entre octubre de 2014 y julio de 2023, un total de 30 policías y un civil fueron detenidos —varios de ellos con prisión preventiva durante casi seis años (septiembre 2017 a julio 2023) — acusados de desaparición forzada y tortura seguida de muerte del joven Franco Casco.
Luego de un juicio que duro un año y medio, en 70 audiencias declararon más de 200 testigos Los Magistrados
resolvieron también en base a los testimonios de médicos del Instituto Médico Legal de Rosario, forenses del Cuerpo Médico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el incluso integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense.
En base a ello, todos los trabajadores fueron absueltos por el Tribunal Oral Federal N.º 2 de Rosario.
La causa judicial, sin embargo, aún sigue abierta: quince meses después, en diciembre de 2024, la Cámara Federal de Casación anuló la absolución y ordenó un nuevo juicio, trasladando el expediente sin justificar la extensión arbitraria de las detenciones preventivas.
La acusación inicial colocó a estos trabajadores bajo sospecha sin pruebas firmes, en un contexto de fuerte presión mediática, federalización forzada y una narrativa política que pedía “culpables ya”. En vez de investigar con rigor, el sistema judicial prefirió aplicar el viejo método del encierro como condena anticipada.
Relato de los hechos
Franco Casco, de 20 años, viajó de Florencio Varela a visitar a su familia en Rosario arribando el 30 de setiembre de 2014. A los cinco días, siendo el 6 de octubre, decidió marcharse.
Durante el debate se ventiló la realidad de que, tras ausentarse del domicilio, el joven pasó una noche durmiendo en la calle y al día siguiente fue denunciado por un vecino del
barrio Luis Agote cuando esté ingirió que Casco tenía intenciones de ingresar a los domicilios. Una patrulla de la seccional séptima se acercó y el joven fue demorado para averiguación de antecedentes por efectivos de esa comisaría.
Tras estar detenido 9 horas el fiscal Álvaro Campos ordenó que se lo liberase y así Casco egreso de la dependencia el mismo 7 de octubre de 2014. Luego de 23 días su cuerpo fue hallado en río Paraná.
Desde octubre del 2014 la causa tramitó en el fuero provincial como “muerte dudosa” ya que todas las autopsias que se realizaron sobre el cuerpo confirmaron que este no tenía ningún signo compatible con una muerte violenta y el diagnóstico orientativo era “asfixia por inmersión en medios líquidos”. En ese entonces también se habían recabado filmaciones donde se veía a Casco deambulando a la vera del Río Paraná, esos registros tenían fecha y hora posterior al egreso de la comisaría.
A partir de diciembre 2014, la causa fue absorbida por la justicia federal y se dictaron múltiples prisiones preventivas contra trabajadores policiales de esa dependencia, acusándolos de desaparición forzada y tortura seguida de muerte.
El juicio oral comenzó en diciembre del 2021, a más de siete años después del hecho.
Diagnóstico desde la Doctrina de la Sospecha Permanente
La Causa Casco condensa todos los elementos de la Doctrina de la Sospecha Permanente:
- Prisión preventiva como condena anticipada.
- Judicialización sin verificación seria.
- Presión mediática unidireccional como fuente de verdad.
- Desconocimiento del principio de inocencia.
- Desgaste moral, físico e institucional del acusado.
La sospecha fue construida como verdad revelada. Y el Estado, lejos de garantizar justicia, se convirtió en una maquinaria de castigo preventivo.
“Estuve cinco años preso por una causa que no existía. Cuando me liberaron, ya no tenía familia, ni trabajo.” — Diego Álvarez, exjefe de la comisaría 7ª, absuelto en 2023.
El costo oculto: la muerte como daño colateral
Quizá el peor efecto propiciado por la doctrina que venimos describiendo es, en el sentido más profundo y devastador, la propia muerte. Esto sucede cuando para sostener la “sospecha permanente” se recurre a mecanismos ideológicos, linchamiento mediático continuo (con una línea editorial única), y el uso desmedido de un eslogan como si fuese una verdad inapelable.
No todas las personas están preparadas para tolerar el castigo psicológico al cual se las somete bajo este régimen.
La causa Casco es una de las más emblemáticas de la posdictadura en cuanto a construcción artificial de culpables. En ella fueron encarcelados 30 trabajadores policiales por desaparición forzada y tortura seguida de muerte, para ser finalmente declarados inocentes casi diez años después.
Pero entre tanto, al menos cinco personas murieron durante la instrucción, afectadas por enfermedades generadas por el estrés y la angustia de una detención prolongada y sin sentido.
- Romina Brítez, empleada de la seccional 7ª, pasó dos meses detenida. Al ser liberada, enfermó y murió de un derrame cerebral. Tenía menos de 30 años y no tenía antecedentes médicos.
- Las madres de Cecilia Contino, Enrique Gianolla y César Acosta fallecieron durante la prisión preventiva de sus hijos. Ninguna tenía dolencias previas.
- Romina Díaz, también de la 7ª, murió durante el juicio oral tras haber transitado años de estrés ininterrumpido.
- La madre de Diego Álvarez enfermó gravemente al inicio del juicio y falleció en marzo de 2023. Su familia no tenía antecedentes de esa dolencia.
Nuevamente, se revela la peor cara de la doctrina de la sospecha: la muerte no solo de imputados, sino de su entorno cercano. Personas que no fueron parte del proceso, pero que fueron arrastradas por él. Víctimas colaterales, ignoradas por el sistema, ajenas a toda reparación.
Este proceso no solo destruyó a los trabajadores en lo jurídico, administrativo y social: también demolió sus vínculos, su salud, su historia. Como una guerra sin bombas, pero con las mismas víctimas.
Conclusiones del caso
Este capítulo no es una crónica judicial. Es una denuncia política y humana. Porque cuando la justicia encarcela sin condena, sin pruebas y sin plazo, deja de ser justicia. Y cuando repite el juicio con los mismos errores, sólo refuerza el castigo, no la verdad.
FICHA METODOLÓGICA DEL CASO
Fuente: testimonios directos de implicados, expediente judicial causa “Franco Casco” (TOCF N.º 2 Rosario), registros periodísticos (La Capital, Rosario/12, Página 12), documentación de la defensa técnica y entrevistas inéditas.
Práctica del poder sospechador: prisión preventiva prolongada como castigo moral; judicialización mediática; linchamiento institucional sin pruebas firmes.
Tipo: disciplinamiento ejemplificador: criminalización estructural del rol policial; violencia institucional con efectos psicosociales.
Teorías vinculadas: Doctrina de la Sospecha Permanente; Teoría del Castigo Preventivo; construcción simbólica del enemigo interno (Han, Foucault); efectos biopolíticos del estrés judicial (Illich, Agamben).
Respuesta: absolución judicial tardía; visibilización doctrinaria del caso; denuncia pública e inclusión testimonial en obra crítica; registro del daño psicosocial; reconstrucción de la memoria institucional. Creación de una ONG como herramienta organizativa.
(Fragmento del libro La Doctrina de la Sospecha Permanente, Quinta Parte: “Casos Reales”, Capítulo 35, p. 287)
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Es muy triste revivir todo ésto, dolor, desilusión, rabia por amar tanto ésta profesión, de tratar de hacer lo mejor en tu trabajo y que de un día a otro, te usen como títere político y te destruyan poco a poco, hasta matarte en vida! Dios existe y espero ésto cierre coherentemente, y triunfe la verdad, es decir estos inocentes trabajadores que solo cumplían su deber, hasta que aparecieron los arma causas!