Discursos de odio, libertad de expresión y poder sancionador

Límites interamericanos a la regulación estatal de la palabra. El caso venezolano como advertencia institucional y el debate legislativo en Santa Fe.

Alberto Rubén Martínez

Independent Researcher
Rosario, Argentina

Email: martinezalbertoruben@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0009-0005-5935-879X
SSRN Author Page: https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=9446852
Website:

https://tematicaseguridad.blogspot.com/

https://confianzasoberana.ar

DOI: 10.5281/zenodo.23864096

El problema no consiste en decidir si el Estado debe responder frente a los discursos de odio, sino en determinar hasta dónde puede hacerlo sin transformar una finalidad legítima de protección en una facultad imprecisa para disciplinar la palabra. Allí se juega la diferencia entre prevenir la violencia y administrar el disenso.

Resumen

La regulación de los denominados discursos de odio plantea una tensión especialmente compleja entre dos obligaciones estatales igualmente relevantes: proteger a personas y grupos frente a la discriminación y la violencia, y preservar un espacio público en el que la libertad de expresión pueda ejercerse sin restricciones indebidas. El problema no radica necesariamente en la finalidad declarada de estas regulaciones, sino en la arquitectura jurídica mediante la cual el Estado define, interpreta y sanciona determinadas expresiones.

Este trabajo examina esa tensión a partir del estándar interamericano de libertad de expresión, del reciente pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión sobre la denominada “Ley contra el Odio” de Venezuela, y del debate legislativo desarrollado en la provincia de Santa Fe durante 2026.

La hipótesis sostenida es que el principal riesgo institucional surge cuando convergen tres elementos: conceptos normativos abiertos, una elevada discrecionalidad de aplicación y mecanismos sancionatorios capaces de producir efectos inhibitorios sobre el debate público. Desde esta perspectiva, el caso venezolano no es utilizado como equivalente del caso santafesino, sino como caso de advertencia institucional acerca de las consecuencias que puede producir una regulación insuficientemente determinada de la palabra.

Palabras clave: libertad de expresión; discursos de odio; CIDH; poder sancionador; autocensura; Santa Fe; Venezuela.

1. Introducción

La expansión de los debates sobre discursos de odio constituye uno de los desafíos contemporáneos más complejos para los sistemas democráticos.

La proliferación de redes sociales, la velocidad de circulación de los mensajes, la fragmentación de las audiencias y la capacidad de determinadas expresiones para amplificar hostilidades reales han generado demandas legítimas de intervención estatal.

No se trata de un problema imaginario.

Existen expresiones que pueden contribuir a procesos de discriminación, persecución y violencia. El Estado no puede permanecer indiferente frente a situaciones en las que personas o grupos sean objeto de amenazas, hostigamiento sistemático o verdaderos llamados a la violencia.

Sin embargo, admitir la necesidad de intervención no resuelve el problema jurídico fundamental.

La cuestión decisiva consiste en determinar qué puede sancionar legítimamente el Estado cuando interviene sobre la palabra.

Esta pregunta adquiere especial importancia porque la libertad de expresión no protege únicamente discursos aceptados socialmente. Su función democrática aparece precisamente frente a expresiones controversiales, críticas, incómodas e incluso ofensivas.

Por ello, cualquier regulación estatal que pretenda sancionar discursos debe enfrentar un problema de delimitación: distinguir entre aquello que puede resultar moral o políticamente reprochable y aquello que puede legítimamente ingresar dentro del poder sancionador.

El problema adquiere especial actualidad a partir del pronunciamiento formulado el 28 de octubre de 2026 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que instaron a Venezuela a derogar la denominada “Ley contra el Odio”. La CIDH y la RELE señalaron que la utilización de conceptos amplios y ambiguos, combinada con facultades estatales extensas, había generado restricciones indebidas, actuaciones selectivas y efectos intimidatorios sobre expresiones críticas y asuntos de interés público.

La advertencia posee relevancia más allá del contexto venezolano.

No porque permita sostener que cualquier legislación sobre discursos de odio reproducirá aquel modelo, sino porque permite identificar un problema institucional general: una norma diseñada para proteger derechos puede adquirir capacidad disciplinaria cuando sus límites son insuficientemente precisos.

Ese problema resulta pertinente para el debate desarrollado durante 2026 en la provincia de Santa Fe, donde el Senado otorgó media sanción a una iniciativa orientada a declarar a la provincia territorio libre de discursos de odio, promover políticas de prevención y sensibilización e incorporar una figura específica al Código de Convivencia para sancionar conductas que inciten a la discriminación, hostilidad o violencia.

Este trabajo no pretende establecer una equivalencia política entre Venezuela y Santa Fe.

El objetivo es diferente: analizar comparativamente qué enseñanzas institucionales pueden extraerse del estándar interamericano y de una experiencia en la cual la amplitud normativa fue expresamente cuestionada por los órganos especializados del sistema regional de derechos humanos.

2. Problema e hipótesis

La pregunta que guía este trabajo puede formularse de la siguiente manera: ¿Bajo qué condiciones una regulación destinada a prevenir los discursos de odio puede comenzar a generar efectos incompatibles con la libertad de expresión?

La hipótesis propuesta sostiene que el riesgo aumenta cuando se combinan tres elementos:

  1. categorías normativas abiertas o ambiguas;
  2. amplios márgenes de interpretación administrativa, judicial o policial;
  3. consecuencias sancionatorias capaces de desalentar anticipadamente el ejercicio de la expresión.

El punto relevante es que el problema puede aparecer incluso antes de la aplicación efectiva de una sanción.

Cuando los destinatarios de una norma no pueden prever razonablemente qué expresiones serán consideradas ilícitas, pueden modificar preventivamente su comportamiento.

Ese fenómeno constituye el denominado efecto inhibitorio o chilling effect.

La autocensura se convierte entonces en una consecuencia institucional de la incertidumbre normativa.

En este sentido, la libertad de expresión puede verse afectada no solamente cuando una autoridad prohíbe una expresión concreta, sino también cuando el diseño jurídico genera incentivos suficientemente intensos para que las personas eviten expresarse.

3. El estándar interamericano

El punto de partida normativo se encuentra en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La disposición reconoce ampliamente la libertad de pensamiento y expresión y protege el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.

Al mismo tiempo, el artículo 13.5 establece un límite específico al disponer que deberá prohibirse la apología del odio nacional, racial o religioso cuando constituya incitación a la violencia o a otra acción ilegal similar.

Esta formulación es decisiva.

El sistema interamericano no equipara automáticamente odio con ilicitud.

Exige una relación adicional entre la expresión y una conducta susceptible de producir violencia u otra acción ilegal de gravedad semejante.

En marzo de 2026, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión publicó un informe temático específicamente dedicado a los discursos de odio y al alcance del artículo 13.5. Allí reafirmó que las obligaciones estatales comprenden tanto la prohibición de discursos que inciten a la violencia como la adopción de medidas positivas de prevención.

La intervención estatal, por lo tanto, no está excluida.

Pero tampoco resulta ilimitada.

La diferencia entre prevención legítima y restricción indebida depende en gran medida de la precisión con que se defina la conducta alcanzada.

En este punto deben considerarse elementos tales como la intención del emisor, el contexto en el que se produce el mensaje, su alcance, la audiencia a la que se dirige, la posición del hablante y la probabilidad concreta de que la expresión produzca una conducta ilícita.

El contenido de una frase, considerado aisladamente, puede resultar insuficiente.

La evaluación requiere contexto.

4. El caso venezolano como advertencia institucional

La denominada “Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia” fue sancionada en Venezuela en 2017.

Desde entonces, la CIDH y la RELE han formulado observaciones críticas acerca de su compatibilidad con la libertad de expresión.

En su pronunciamiento del 28 de octubre de 2026, ambos organismos identificaron nuevamente tres problemas estructurales.

En primer lugar, señalaron la utilización de conceptos amplios y ambiguos susceptibles de producir interpretaciones restrictivas.

En segundo término, cuestionaron la existencia de obligaciones gravosas impuestas a medios de comunicación y las facultades estatales para ordenar supresión de información o imponer contenidos.

Finalmente, indicaron que la norma había sido aplicada de manera selectiva y desproporcionada frente a expresiones críticas y asuntos de interés público.

Los datos recopilados resultan particularmente relevantes.

Según reportes públicos citados por la propia CIDH, entre 2017 y octubre de 2025 se registraron 85 casos de personas y medios vinculados con presuntos delitos de odio. Entre ellos se encontraban 49 periodistas, trabajadores de medios o comunicadores y 7 medios de comunicación. En 65 casos habría sido invocada específicamente la Ley contra el Odio.

La importancia analítica de estos datos no reside solamente en la cantidad de personas involucradas.

El elemento central es el patrón señalado por el organismo interamericano: utilización de una figura originalmente justificada como instrumento contra el odio para intervenir sobre expresiones críticas o de interés público.

Ese desplazamiento ilustra un problema más amplio.

Una categoría normativa puede nacer con una finalidad legítima y posteriormente ampliar su campo de aplicación a partir de la interpretación administrativa o judicial.

Por esa razón, el control institucional debe concentrarse no solamente en la intención declarada por el legislador, sino en las capacidades jurídicas que la norma crea.

5. Santa Fe: finalidad legítima y problema de delimitación

El debate santafesino presenta características institucionales claramente diferentes.

En junio de 2026, el Senado provincial otorgó media sanción a una iniciativa que proponía declarar a Santa Fe territorio libre de discursos de odio, promover campañas de sensibilización y establecer una figura específica en el Código de Convivencia provincial para sancionar conductas que inciten a la discriminación, la hostilidad o la violencia contra personas o grupos por determinadas características personales.

La finalidad declarada resulta compatible, en términos generales, con objetivos de protección de derechos humanos.

Sin embargo, la legitimidad de la finalidad no resuelve por sí sola la constitucionalidad de los instrumentos.

El análisis debe desplazarse hacia el diseño normativo.

La primera pregunta consiste en determinar qué significan jurídicamente expresiones como “hostilidad”, “odio” o “incitación”.

La segunda consiste en establecer qué grado de proximidad debe existir entre la expresión y el daño.

La tercera se refiere a quién tendrá la competencia para realizar esa interpretación.

Y la cuarta consiste en determinar cuáles serán las garantías disponibles frente a una eventual aplicación expansiva.

La cuestión no es meramente semántica.

Cuanto más abierto sea un concepto, mayor será el margen de interpretación de quien debe aplicarlo.

En materia de expresión, ese margen puede resultar particularmente relevante porque el objeto sometido a valoración no es una conducta física fácilmente verificable, sino un mensaje cuyo significado depende frecuentemente de su contexto.

6. Comparación analítica

DimensiónEstándar interamericanoExperiencia venezolanaInterrogante para Santa Fe
FinalidadProtección frente a incitación discriminatoria y violencia, compatible con libertad de expresiónLa finalidad declarada fue convivencia y toleranciaLa finalidad preventiva es legítima, pero no basta para justificar cualquier instrumento
UmbralIncitación a violencia u otra acción ilegal similarCIDH cuestiona extensión hacia expresiones críticas protegidasDebe definirse con precisión cuándo la expresión cruza el umbral sancionable
PrecisiónLegalidad, previsibilidad y determinaciónCIDH identifica conceptos amplios y ambiguosDebe examinarse taxatividad de términos como odio, hostilidad o incitación
ContextoImportan intención, audiencia, alcance y circunstanciasAplicación señalada como selectiva en asuntos de interés públicoEvitar valoración aislada de frases fuera de contexto
Riesgo concretoDebe existir conexión suficiente con violencia o conducta ilegalCIDH cuestiona sanciones sin relación suficientemente estricta con dañoExigir peligro verificable y no meramente abstracto
Tipo de sanciónDebe superar necesidad y proporcionalidadEfecto inhibitorio no se limita al derecho penalTambién las sanciones contravencionales pueden producir autocensura
Debate públicoProtección especialmente intensa de expresiones políticas y críticasSe documentó impacto sobre periodistas y comunicadoresReforzar salvaguardas para periodismo, política, actividad sindical y academia
DiscrecionalidadDebe minimizarseLa amplitud normativa permitió usos cuestionadosCuanto mayor sea la discrecionalidad, mayores deben ser las garantías
Efecto inhibitorioLas restricciones indirectas también pueden vulnerar el artículo 13CIDH identifica intimidación y autocensuraEvaluar efectos de la norma más allá de las sanciones efectivamente impuestas

La comparación no permite concluir que ambos casos sean equivalentes.

Sí permite identificar variables institucionales comunes que deberían ser evaluadas antes de aprobar cualquier regulación de esta naturaleza.

7. La importancia del efecto inhibitorio

Uno de los aportes más relevantes del pronunciamiento de octubre de 2026 consiste en recordar que la libertad de expresión puede verse afectada incluso cuando no existe encarcelamiento ni censura previa.

La CIDH y la RELE señalaron expresamente que las normas vagas pueden producir actuaciones arbitrarias y generar autocensura, y que ese riesgo no se limita a sanciones de naturaleza penal.

Esta observación resulta particularmente importante en el ámbito contravencional.

Una multa, una investigación administrativa o la simple apertura reiterada de procedimientos pueden modificar el comportamiento de periodistas, dirigentes sindicales, docentes, investigadores, militantes políticos o ciudadanos comunes.

El efecto inhibitorio opera precisamente porque el costo de expresarse deja de ser previsible.

La persona puede decidir no formular una denuncia, suavizar una crítica o evitar determinadas palabras no porque considere ilegítima su expresión, sino porque desconoce cómo será interpretada por la autoridad.

Desde una perspectiva democrática, ese fenómeno resulta especialmente problemático respecto de expresiones vinculadas con asuntos de interés público.

8. La protección reforzada del discurso crítico

La libertad de expresión adquiere una relevancia particular cuando el mensaje se refiere a autoridades, políticas públicas, instituciones o asuntos de interés colectivo.

La discusión política y sindical utiliza frecuentemente un lenguaje áspero.

Las investigaciones periodísticas pueden formular acusaciones severas.

Las protestas sociales suelen recurrir a consignas provocativas.

Nada de ello convierte automáticamente esas expresiones en incitación al odio.

Una legislación excesivamente amplia puede borrar esta diferencia.

Por ello, cualquier regulación provincial debería incorporar salvaguardas explícitas para impedir que la crítica al Estado, a partidos políticos, funcionarios, organizaciones o instituciones sea subsumida automáticamente dentro de categorías vinculadas con odio u hostilidad.

La democracia presupone tolerancia frente a niveles elevados de crítica.

9. El problema de la reversibilidad institucional

Existe además un criterio que merece ser incorporado al análisis legislativo: la reversibilidad del poder.

Una norma no debe evaluarse únicamente imaginando cómo será aplicada por las autoridades actuales.

Debe analizarse también cómo podría ser utilizada por gobiernos futuros, con otras orientaciones políticas y otros adversarios.

Este ejercicio permite separar la evaluación institucional de la confianza circunstancial en quienes ocupan el poder.

Una facultad estatal amplia puede parecer razonable cuando se imagina dirigida contra expresiones que consideramos intolerables.

La pregunta cambia cuando esa misma facultad puede ser utilizada para sancionar expresiones con las que coincidimos.

El diseño constitucional exige pensar ambos escenarios.

10. Protección contra el odio sin administración estatal de la opinión

La conclusión de este análisis no conduce necesariamente a rechazar cualquier regulación.

El sistema interamericano reconoce obligaciones estatales frente a expresiones capaces de incitar a la violencia discriminatoria.

También existen políticas no sancionatorias compatibles con la libertad de expresión: educación, sensibilización, derecho de respuesta, promoción de pluralismo, alfabetización digital, apoyo a víctimas y políticas contra la discriminación.

La cuestión decisiva consiste en reservar el poder sancionador para aquellos supuestos en los que exista una conducta suficientemente determinada y una conexión real con la lesión que se pretende evitar.

Esto permite diferenciar dos modelos.

El primero busca proteger a las personas frente a la violencia.

El segundo corre el riesgo de protegerlas frente a ideas que el Estado considera inaceptables.

La diferencia entre ambos constituye el núcleo del problema.

11. Conclusiones

El debate sobre discursos de odio no puede resolverse mediante una oposición simplificada entre libertad de expresión y protección frente a la discriminación.

Ambos valores forman parte del sistema democrático.

El verdadero desafío consiste en definir institucionalmente el punto en el que una expresión deja de pertenecer al ámbito de la controversia pública y se transforma en una verdadera incitación a la violencia o a una acción ilegal comparable.

El estándar interamericano exige precisión.

La experiencia venezolana muestra las consecuencias que pueden aparecer cuando una normativa utiliza conceptos amplios, habilita elevados márgenes de discrecionalidad y termina proyectándose sobre expresiones críticas y asuntos de interés público.

Ese caso no debe ser trasladado automáticamente a Santa Fe.

Su utilidad es diferente.

Funciona como advertencia sobre una cuestión estructural: el poder sancionador debe analizarse por las capacidades que crea y no solamente por las buenas intenciones que justifican su creación.

En consecuencia, cualquier regulación santafesina sobre discursos de odio debería cumplir al menos cinco condiciones.

Primero, definir de manera estricta las conductas sancionables.

Segundo, distinguir claramente expresión ofensiva, discriminación e incitación.

Tercero, exigir una conexión verificable entre el mensaje y el riesgo de violencia o conducta ilegal.

Cuarto, incorporar salvaguardas reforzadas para expresiones políticas, periodísticas, académicas y sindicales.

Quinto, evaluar expresamente los posibles efectos inhibitorios de las sanciones, incluso cuando sean administrativas o contravencionales.

Una democracia no debe permanecer indiferente frente a la violencia.

Pero tampoco debería crear instrumentos tan abiertos que permitan al Estado convertirse en administrador de los límites de la crítica.

La protección contra el odio alcanza su mayor legitimidad cuando evita la violencia sin convertir la incomodidad, el disenso o la controversia en categorías sancionables.

En esa frontera se encuentra el verdadero desafío legislativo.

Referencias bibliograficas

  • Alexy, R. (2002). A theory of constitutional rights. Oxford University Press.
  • Schauer, F. (1978). Fear, risk and the First Amendment: Unraveling the chilling effect. Boston University Law Review, 58, 685–732.
  • Strossen, N. (2018). HATE: Why we should resist it with free speech, not censorship. Oxford University Press.
  • Waldron, J. (2012). The harm in hate speech. Harvard University Press.

Documentos:

  • Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. “CIDH y RELE urgen a Venezuela a derogar la ‘Ley contra el Odio’”. Comunicado 237/26, 28 de octubre de 2026.
  • Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Discursos de odio en la Convención Americana sobre Derechos Humanos: alcance del artículo 13.5 y recomendaciones. Washington, D.C., 2026. La publicación del informe fue anunciada oficialmente el 13 de marzo de 2026.
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 13.
  • Senado de la Provincia de Santa Fe. Proyecto sobre discursos de odio aprobado con media sanción el 18 de junio de 2026 y remitido a la Cámara de Diputados. La información legislativa oficial señala que la iniciativa declara a Santa Fe territorio libre de discursos de odio, contempla campañas de sensibilización e incorpora una figura sancionatoria al Código de Convivencia.

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